Este martes 29 de agosto, se dieron cita en la Facultad de economía y relaciones internacionales para presentar la Red Justicia Baja California: una alianza con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Alma Migrante y la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, coordinada por México Evalúa.

La Red Justicia surge como un espacio de participación de la sociedad civil, para contribuir a la mejora de la calidad y efectividad de la justicia penal, a nivel local a partir de propuestas y recomendaciones de políticas públicas con enfoque de gobernanza democrática, derechos humanos y perspectiva de género.

Graciela Zamudio Campos, directora ejecutiva de Alma Migrante, comentó que dentro de su organización les pareció importante el proyecto “México evalúa” que actualmente se encuentra realizando redes locales de incidencia en materia penal, pues en Baja California no existen este tipo de proyectos que ayuden a personas migrantes, en contexto vulnerable. 

“Nosotros como especialistas en este tema en particular, en este tipo de población les hemos aportado un par de retos que enfrentan a más personas en contexto de movilidad al presentar denuncias, como son el que no se cuenta con interpretes para poder recibirlas y además que no hay una comunicación sectorizada, al respecto de la consecuencia jurídica que ocurre cuando una persona en contexto de movilidad o extranjera denuncia.” Comentó la directora. 

Asimismo, habló sobre el miedo que genera en las personas migrantes al acercarse a regularizarse, en caso de ser testigo o víctima de un delito, pues, temen a que, en caso de acudir, puedan ser deportados.

 
“Ellos y ellas prefieren  no ser visibles porque tienen miedo de que las interacciones que tienen con las autoridades les produzcan deportaciones y esto es porque sobre todo en Tijuana, también en Mexicali hay una gran tradición de que la policía municipal realice funciones migratorias que no debería de realizar, entonces como no saben cuáles son las autoridades que van a hacer eso y llegan con un ministerio público que les dice  ´oye pero le voy a decir a migración´, aunque eso es cierto y es lo que establece el procedimiento, pues ellos tienen desde su contexto el miedo de terminar siendo deportados y por esa razón es que se detienen o se inhibe la denuncia.”