Familiar de víctima de desaparición forzada del Colectivo de Búsqueda y Rescate "Armadillos Tijuana", señala la negativa del Gobierno del Estado a apoyarlos por falta de presupuesto. 

El 7 de enero de 2020, José Miguel Martínez, un joven de 17 años, fue secuestrado en Hacienda los Laureles. Esto sucedió apenas un mes y medio después de que llegara a la ciudad de Tijuana, procedente de Michoacán.

Mónica Jazmín Martínez, hermana de la víctima, menciona que la Fiscalía General de la República tardó dos años en iniciar una línea de investigación posterior al suceso. Además, señala que la manera en que las autoridades han manejado el caso de su familia, al igual que el de muchas otras, en lugar de brindar protección, las vulnera, convirtiéndose en fuente de múltiples amenazas, ya sean directas o telefónicas.

Martínez destacó que el 24 de junio recibió una invitación de colectivos para llevar a cabo una búsqueda en el Estado de Nayarit, dado que se sospecha que hay una persona con las mismas características que su hermano. Por esta razón, solicitó el respaldo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Baja California para llevar a cabo el viaje y recibir apoyo con los gastos relacionados. Sin embargo, hasta ahora esto no ha sido posible, ya que las autoridades alegan que no existe una ley que los obligue a proporcionar este tipo de asistencia.

“Atención a víctimas carece de recursos, además nos hacen firmar documentos en blanco para agilizar procesos, pero no sabemos qué fecha tienen, qué ingresos se nos darán, entre otras cosas”, enfatiza Martinez que las familias solo reciben $108.00 m.n. por día para comidas. 

A raíz de la rueda de prensa convocada, Mónica Martínez informó que esta mañana Catalino Zavala, Secretario de Gobierno Estatal, se puso en contacto con ella después de 5 meses. Esto fue para coordinar los trámites necesarios y se están llevando a cabo las gestiones pertinentes para su viaje.

“La propia fiscalía es quien nos pone en riesgo”, refirió Martinez al asegurar que no hay apoyo por parte de las autoridades para apoyarlas, inclusive mencionó que hace un mes una compañera sufrió un abuso policial. 

Cabe mencionar que Baja California tiene más de 17,000 carpetas de investigación abiertas por el delito de desaparición, datos otorgados por la Asociación Civil Elementa DDHH. 

Al preguntarle a la FGE sobre si ya existe un avance o información de la nueva Fiscalía de personas desaparecidas, nos hicieron saber que ha habido avances internos, sin embargo están esperando aprobación del próximo presupuesto.