En una situación crítica, el parque vehicular del Ayuntamiento de Los Cabos se encuentra completamente inmovilizado, generando preocupación entre los ciudadanos y cuestionamientos sobre la gestión financiera de la administración municipal liderada por el alcalde Óscar Leggs Castro. 

La falta de acuerdo con la empresa arrendadora de las unidades ha dejado al Gobierno sin la flotilla oficial, impactando tanto a vehículos de emergencia como a aquellos asignados a diversas direcciones municipales.

El propio alcalde confirmó la difícil situación, indicando que en la actualidad solo las unidades de emergencia están operativas. Sin embargo, incluso dos de estas han salido de servicio temporalmente para abordar problemas relacionados con los chips. En este escenario, los directores de las áreas municipales se ven obligados a utilizar sus vehículos particulares para desplazarse.

Al abordar preguntas sobre la cantidad de vehículos fuera de circulación y el monto destinado al arrendamiento de cada uno, Leggs Castro delegó la responsabilidad de proporcionar dicha información al Tesorero Municipal. La falta de transparencia en este aspecto ha intensificado las preocupaciones entre la población respecto a la gestión financiera del Ayuntamiento.

Esta no es la primera vez que el parque vehicular del Ayuntamiento de Los Cabos enfrenta problemas. En meses anteriores, varios camiones de basura fueron retirados de circulación y detenidos en medio de las colonias debido a un retraso en el pago del arrendamiento. La recurrencia de estos inconvenientes evidencia una falta de solución sostenible a los problemas financieros que rodean la gestión de los vehículos municipales.

Ante esta crítica situación, los habitantes de Los Cabos demandan respuestas claras y soluciones concretas por parte de las autoridades municipales. La paralización de la flotilla oficial no solo afecta la operatividad del Ayuntamiento, sino que también impacta directamente en los servicios esenciales que se brindan a la comunidad. La incertidumbre en torno a la situación financiera del gobierno local plantea interrogantes sobre su capacidad para cumplir con sus responsabilidades fundamentales.