Con una inversión de 209 millones de pesos financiada mediante el Bono Verde, el gobierno de Baja California impulsa la modernización de la Planta Potabilizadora La Nopalera, ubicada en Tecate. Este ambicioso proyecto, que forma parte del Plan Estatal Hídrico, busca resolver un rezago histórico en el suministro de agua potable, garantizando el acceso al recurso para las próximas tres décadas y promoviendo un manejo sostenible para generaciones presentes y futuras.

Actualmente con un avance del 35 por ciento, la modernización de La Nopalera permitirá duplicar su capacidad de potabilización, pasando de 175 a 350 litros por segundo. Este aumento la consolidará como la principal fuente de abastecimiento de agua para Tecate, cubriendo aproximadamente el 70 por ciento de las necesidades de la cabecera municipal y garantizando un suministro más eficiente para las zonas altas del municipio.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante una supervisión a las obras, destacó la incorporación de tecnologías modernas que permitirán un uso equitativo y optimizado del agua. Además, subrayó el impacto positivo que tendrá este proyecto en el fortalecimiento de la infraestructura hídrica de la región. La planta también abastecerá tres tanques adicionales, contribuyendo a mejorar la distribución del recurso.

Durante su visita, la gobernadora estuvo acompañada por el alcalde de Tecate, Román Cota; el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Víctor Amador; y el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE), Alex Castro. Juntos reafirmaron su compromiso de trabajar coordinadamente para mejorar el acceso al agua potable en la región y atender las necesidades de la comunidad.

La modernización de La Nopalera es parte de los esfuerzos más amplios que realiza Baja California para fortalecer la gestión hídrica. Esto incluye la reciente adhesión al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, liderado por Claudia Sheinbaum Pardo, el cual busca reconocer el agua como un derecho humano y establecer compromisos para optimizar su uso en actividades económicas, sociales y ambientales.