El Comité de Amigos Americanos de San Diego, a través de su representante Pedro Ríos, aseguró que el estatus migratorio de una persona solo puede ser revisado por dos agencias federales: la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“En primer lugar, siempre se debe preguntar quién está haciendo las preguntas, de qué agencia proviene y qué dependencia lo respalda. Solo la Patrulla Fronteriza o ICE tienen autoridad para realizar estas verificaciones, ya que son las agencias federales encargadas de investigar tanto en la frontera como en el interior del país, como es el caso de San Diego, que es considerado un área fronteriza y, al mismo tiempo, parte del interior de los Estados Unidos”, explicó Ríos.

Esto se dio a conocer tras las denuncias sobre presuntas redadas contra inmigrantes en Escondido, donde elementos del ICE habrían intentado ingresar a una vivienda sin una orden judicial. Frente a esta situación, el Comité de Amigos Americanos aconseja no abrir la puerta y solicitar que muestren los documentos por la ventana o debajo de la puerta.

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“Si llegan a su hogar buscando a alguien que no vive ahí, deben decir que esa persona no se encuentra en la vivienda. Soliciten que muestren la documentación a través de la ventana o bajo la puerta. Si no presentan una orden de cateo, no deben abrirles la puerta. La orden de cateo debe estar firmada por un juez. Abrir la puerta sin esa orden puede interpretarse como una autorización para que los agentes ingresen y realicen investigaciones dentro de la propiedad”, señaló Ríos.

En caso de que las redadas ocurran en la vía pública, la única obligación de las personas es proporcionar su nombre. Además, tienen el derecho a guardar silencio, llamar a un abogado o a su consulado, y no firmar ningún documento.

“Si están preguntando por su estatus migratorio y la persona no tiene cómo demostrarlo, tiene derecho a permanecer en silencio y no proporcionar más información. Lo único que debe decir es su nombre, ya que en algunas circunstancias es obligatorio. Luego, puede decir: ‘No responderé más preguntas’”, explicó Ríos. “Es fundamental no firmar nada sin saber lo que se está firmando, porque podría tratarse de una salida voluntaria. En ese caso, también pueden solicitar hablar con un abogado o con un representante del consulado si ya tienen contacto con alguno.”

Por otro lado, señaló que aquellos con un estatus migratorio regular, como los beneficiarios de DACA o los que poseen una visa, están obligados por ley a presentar su estatus migratorio.

“Si la persona tiene un estatus legal, como DACA o una visa, tiene la obligación de informar su situación migratoria, de acuerdo con las leyes vigentes. En cambio, si no tiene documentación que acredite su estatus migratorio, no está obligada a proporcionar más detalles”, indicó Ríos.

Para los ciudadanos estadounidenses, la única información que se debe compartir es su nacionalidad. En caso de ser arrestados, tienen derecho a presentar una queja contra el funcionario que haya cometido violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros e incautaciones ilegales.

“Si un ciudadano estadounidense es arrestado, puede presentar una queja formal por violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución”, concluyó Ríos.