Este martes 25 de febrero fueron retiradas un total de 85 cámaras de seguridad de videograbación que estaban en postes y árboles, así como en lugares públicos de la Zona Norte, que no contaban con justificación o permisos para estar en la vía pública, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, Laureano Castillo Rodríguez.

“El retiro de las cámaras es parte de la estrategia que tenemos planteada. Comentarles que esta operación inició el día de ayer (25 de febrero), por ello vieron a las unidades trabajando, pues están todas las instituciones representadas, entre ellas la Fiscalía General del Estado. Lo que se pretende es retirar las cámaras que se encuentran en lugares públicos. Es decir, la gente que tiene una cámara en su casa para cuidarse no tiene nada de qué preocuparse; esa no es la intención. La intención es ir sobre cámaras que se encuentran en lugares públicos, principalmente en los postes de luz, en los postes de teléfonos, en los árboles, en lugares donde el único control debe ser del Estado. Esto es precisamente para asegurarnos de que las cámaras que se encuentran en la calle son las del C5 y están debidamente autorizadas”.

Luego de que en noviembre de 2024 se anunciara el retiro de 269 cámaras de videovigilancia posiblemente vinculadas con el crimen organizado, según declaraciones de la dependencia de seguridad, el General Castillo Rodríguez dijo que se desconoce la procedencia y los propietarios de los artefactos de videovigilancia, y será la Fiscalía General del Estado la que determine su origen.

“El problema es que no sabemos de quién son; por eso precisamente se están llevando a cabo estas operaciones de retiro de cámaras de seguridad. Lo que queremos es asegurarnos de que tengan un fin lícito. Será la fiscalía quien llevará a cabo las investigaciones, por ello las estamos poniendo a disposición de esta dependencia para que determine quiénes son los propietarios”.

Dijo que el operativo es en la vía pública y no se realiza en espacios privados, como dentro de viviendas, comercios o predios, por lo que los ciudadanos no deben preocuparse si están en sus propiedades; continuarán como tal.

“No estamos estigmatizando a nadie ni diciendo que estén poniendo cámaras para ilícitos. Lo que queremos es garantizar y hacer valer la ley en el sentido de que los espacios públicos, si alguien tiene una cámara, únicamente tiene que justificar el permiso correspondiente y el por qué tiene esa cámara, asegurándonos así de que están para un fin lícito”, dijo el titular de seguridad.