En México, más de cinco mil menores de edad están sujetos a proceso penal, y al menos mil 274 se encuentran internados en centros de tratamiento por delitos de alto impacto como narcotráfico, portación de armas, homicidio y hasta feminicidio. 

Así lo reveló Álvaro Castilla, magistrado especializado en adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, quien alertó sobre una preocupante tendencia en el país: el creciente involucramiento de jóvenes en el crimen.

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De acuerdo con el magistrado, esta alza responde en gran medida a una falsa creencia entre los adolescentes de que, por ser menores de edad, no enfrentarán consecuencias legales. “Piensan que su edad los protege, que son intocables, y eso los hace vulnerables a ser reclutados por el crimen organizado”, advirtió.

El panorama es alarmante: 337 adolescentes se encuentran privados de la libertad por delitos relacionados con la seguridad pública y la delincuencia organizada; 299 por homicidio; 240 por delitos contra la salud y 44 por feminicidio. Estas cifras, detalló Castilla, demuestran que no se trata de faltas menores ni de casos aislados.

El magistrado también señaló la falta de supervisión y límites por parte de los padres como uno de los principales factores detrás de esta problemática. “Cuando los acostumbran a tener todo fácil, sin esfuerzo, sin consecuencias, se abre la puerta a decisiones equivocadas”, explicó, haciendo énfasis en la responsabilidad que tienen los adultos en la formación de los menores.

Además del encierro, la otra cara de este fenómeno es aún más trágica: la muerte. Castilla recordó que varios adolescentes han sido asesinados, y en muchos casos, se presume que el victimario también es menor de edad. “Estamos hablando de una generación en riesgo, que está siendo utilizada como carne de cañón por estructuras delictivas”, lamentó.

El llamado del magistrado es claro: hace falta reforzar tanto la prevención desde el hogar como la aplicación efectiva de la justicia para adolescentes. Sin un cambio en el enfoque social y legal, miles de menores seguirán caminando directo a la cárcel… o al cementerio.