Supervisores escolares de nivel básico alzaron la voz este lunes no solo por el recorte en los recursos destinados al mantenimiento e insumos de las escuelas, sino por lo que calificaron como una “grave negligencia” de la Secretaría de Educación Pública del Estado en la protección de datos personales del personal educativo, situación que, aseguran, ya ha derivado en extorsiones por parte de la delincuencia organizada.

Jorge Arturo Castro, supervisor de la zona 29, denunció públicamente que el sistema educativo estatal ha demostrado ser incapaz de resguardar la información confidencial de los directores de escuela. “Los teléfonos de los directores están en manos del crimen. Hubo una ola de extorsiones a escuelas, y no hay duda: esa información salió del propio sistema educativo”, aseguró.

El señalamiento se suma a la molestia generalizada por las reglas de operación del programa “Insumos y Mantenimiento a Centros Escolares”, que exige a los directivos firmar página por página los lineamientos, incluso con huella digital. “Lo rechazamos tajantemente. No vamos a permitir que capturen nuestra huella digital, mucho menos cuando ya vimos que ni los teléfonos pueden proteger”, enfatizó Castro.

Además del riesgo a la seguridad personal, los supervisores cuestionaron la reducción del apoyo económico por alumno, que originalmente era de 420 pesos en 2012 y actualmente ha caído a 270 pesos, a pesar del incremento constante en los costos de mantenimiento e insumos básicos como agua potable, limpieza de sanitarios o reparaciones menores.

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“Estamos en mayo y no se ha entregado ni un peso. ¿Cómo creen que se mantienen las escuelas? Con puro esfuerzo de los directores, los maestros y los padres”, dijo el supervisor, quien también subrayó que la autoridad estatal impide el cobro de cuotas escolares, pero tampoco cubre de forma adecuada las necesidades básicas de los planteles.