Luego de que se diera a conocer el arribo de nuevos funcionarios federales vinculados con asuntos migratorios en la frontera, el director del albergue Juventud 2000, José María García Lara, señaló la importancia de que estos servidores públicos cumplan su labor con respeto a los derechos humanos y mantengan un diálogo constante con la sociedad civil organizada.

“Nosotros como organizaciones de la sociedad civil, desde la Alianza Migrante Tijuana, siempre pedimos que los funcionarios públicos hagan el trabajo que les corresponde”, expresó García, quien recordó que existen antecedentes preocupantes en la trayectoria de algunos de estos servidores, como el caso de un funcionario que, cuando estuvo en la frontera sur, fue señalado por presuntos actos de abuso hacia personas migrantes afrodescendientes.

García recalcó que no se trata de exigir renuncias inmediatas, sino de presionar y vigilar que quienes están en funciones cumplan con su deber. “La función de nosotros como sociedad civil es presionar y decirle al funcionario: señor, usted su trabajo no lo está haciendo bien. Pero también pedir explicaciones claras de cómo va a ejercer su responsabilidad aquí”, puntualizó.

Te puede interesar: "La libertad de expresión no se negocia": Ochoa, de la CEDH BC, exige protección para periodistas y activistas

El activista alertó sobre posibles abusos de agentes de migración no solo contra personas de otras nacionalidades, sino también contra connacionales deportados. Mencionó casos documentados por organizaciones como Azavid y la activista Sonia en la zona norte de Tijuana, donde se han reportado acciones que violan los derechos de las personas en movilidad.

Finalmente, hizo un llamado a que se respete la labor de quienes acompañan a la población migrante y que se garantice una atención digna, sin criminalización ni represión. “Si hay abusos, claro que tenemos que alzar la voz e incluso pedir acciones más firmes contra los funcionarios responsables”, advirtió.