El diputado Juan Manuel Molina, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la XXV Legislatura del Congreso de Baja California, anunció la presentación de una iniciativa que busca reformar el artículo 18 de la Constitución para permitir que adolescentes de entre 14 y 18 años puedan ser juzgados como adultos en casos de delitos graves y dolosos.

Acompañado por la diputada Dunia Montserrat Murillo, Molina explicó que la propuesta fue entregada al Congreso local el pasado lunes por la tarde, con el objetivo de que se promueva una iniciativa ante el Congreso de la Unión. La reforma contemplaría que, tras el cumplimiento de ciertos requisitos legales, los menores que incurran en actos delictivos particularmente violentos puedan enfrentar penas más severas que las actualmente permitidas por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

“La discusión no es nueva, ni exclusiva de México. En otros países también se analiza si una persona, aun siendo menor de edad, tiene la capacidad intelectual para planear, ejecutar y ocultar un crimen. Si es así, estamos hablando de un nivel de madurez criminal que no puede ser ignorado por el sistema de justicia”, expresó el legislador morenista.

Molina hizo énfasis en el repunte de casos en los que adolescentes cometen crímenes con una crueldad alarmante y reinciden tras salir de los centros especializados de medidas para menores. “Han ocurrido delitos en Mexicali donde, al salir del centro, vuelven a delinquir. Y no hablamos de errores juveniles, sino de actos extremadamente crueles”, recalcó.

Para el diputado, es urgente equilibrar el principio de rehabilitación con la necesidad de proteger a la sociedad. “No se trata solo de castigar, sino de enviar un mensaje claro de que ciertas conductas no pueden quedar impunes, sin importar la edad del responsable”, añadió.

La iniciativa propone que se revise la edad mínima para considerar este tipo de sanciones, evaluando si debe fijarse a partir de los 12 o los 14 años, dependiendo del análisis legal y técnico que se derive del proceso legislativo.

La propuesta genera debate sobre los límites de la justicia juvenil y plantea un giro importante en el enfoque restaurativo que ha caracterizado al sistema penal para adolescentes en México.