La tauromaquia en Baja California enfrenta una nueva embestida legal, esta vez a través de una iniciativa promovida por la diputada morenista Evelyn Sánchez, que busca prohibir de forma definitiva las corridas de toros en el estado. Ante esta situación, el abogado Ricardo Zurita, reconocido defensor del espectáculo taurino, anunció que interpondrá todos los recursos jurídicos necesarios para frenar lo que considera un acto político sin sustento legal.

Zurita explicó que actualmente existen dos amparos antitaurinos activos que impiden la realización de corridas en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, sin que hasta la fecha se haya dictado sentencia. Sin embargo, la otra plaza de la ciudad, conocida como “Nuevo Progreso” o “Nuevo Toro de Tijuana”, no enfrenta esas restricciones y puede operar normalmente.

“Lo que están haciendo en el Congreso es un ataque político, con un justificante sensible sobre el maltrato animal, pero sin fundamento legal ni técnico. Vamos a pedir audiencia en la Comisión de Gobernación del Congreso local antes de que suban la iniciativa al Pleno. Es el primer tercio, como en la tauromaquia. Luego vienen los otros dos”, señaló Zurita.

El abogado recordó que ya ha vencido tres intentos anteriores de prohibir la tauromaquia en Baja California y que incluso en 2020 logró un triunfo histórico cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una ley que prohibía la entrada de menores de edad a las corridas de toros. Esa ley había sido impulsada en 2018 por el entonces diputado Carlos Torres.

“El único amparo ganado en la Corte en materia taurina en Baja California lo llevé yo. Se demostró que se violaban derechos humanos. Si es necesario, volveremos a pelear hasta ese nivel”, dijo.

Zurita, quien aclara que no es empresario ni torero, sino simplemente un aficionado, argumenta que defiende la tauromaquia “por dignidad y por derecho”. Asegura que no permitirá que motivaciones personales o fobias políticas le quiten un derecho cultural que ha ejercido por años.

“Lo que hicieron en la Ciudad de México y en Michoacán fue por razones políticas. Mi trabajo es convencer con argumentos económicos, ecológicos, jurídicos y veterinarios que eso está mal. Apuesto por un voto de conciencia, como ya lo logré una vez en el Ayuntamiento de Tijuana”, concluyó.