El diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa de reforma integral a diversas leyes estatales para transformar el enfoque de seguridad pública en Baja California, priorizando la prevención social de la violencia sobre las acciones meramente reactivas.

La propuesta contempla cambios a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana y la Ley del Régimen Municipal, con el fin de institucionalizar la participación ciudadana, garantizar la coordinación interinstitucional y fortalecer la gobernanza local en materia de seguridad.

Ramos Hernández, legislador del Distrito 7 y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, planteó la creación de Consejos Municipales para la Paz y la Prevención Social, la obligación legal de que los Ayuntamientos conduzcan dichas políticas y la profesionalización de las áreas encargadas, con personal capacitado y presupuesto etiquetado.

De acuerdo con la iniciativa, los presidentes municipales serían responsables directos de los resultados en materia de prevención dentro de su demarcación, sin posibilidad de delegar esta función, con el objetivo de garantizar transparencia y exigir cuentas claras.

El legislador afirmó que la propuesta se sustenta en recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, USAID, Banco Mundial y BID, así como en estudios de expertos nacionales, y se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, cuyo eje central es atender las causas que generan la violencia. “La corresponsabilidad ciudadana, la coordinación interinstitucional y el liderazgo municipal son claves para construir comunidades seguras. Esta reforma sienta las bases para una política pública más efectiva y sostenible”, concluyó.