El ataque a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del fracaso de las políticas de seguridad del actual gobierno, afirmó el licenciado Hassan Martín Franco Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana y de la Federación de Abogados de Baja California.

“Lo que vivimos los tijuanenses es el resultado de una estrategia fallida. No hay respeto por la autoridad; la delincuencia golpea cuando quiere, donde quiere y como quiere”, sostuvo el jurista, al calificar la situación como un “estado fallido en materia de seguridad”.

Franco Ruiz consideró que la famosa política federal de “atacar las causas” del delito no ha funcionado. “Esa cadena de prevención, procuración y sanción del delito fracasó definitivamente”, señaló, al recordar que incluso menores de edad se han convertido en parte activa de los brazos armados del crimen organizado. “Son jóvenes que tenían nueve años cuando este gobierno llegó al poder”, subrayó.

El abogado lamentó que ni las autoridades ni la ciudadanía cuenten con garantías reales de seguridad. “Han asaltado el Poder Judicial, se han llevado abogadas de las propias instalaciones, y si alguien sufre un delito y pasa una patrulla, es mera coincidencia”, expresó.

Respecto a la reacción de la fiscal general María Elena Andrade, quien declaró que los explosivos lanzados contra la FGE eran “artefactos hechizos”, Hassan Franco consideró que su conferencia fue precipitada, aunque probablemente buscaba disipar la incertidumbre social. No obstante, rechazó los llamados a pedir su renuncia, al señalar que el problema es estructural.

“Sería muy aventurado hablar de destituciones. Lo que debemos exigir es coordinación, porque eso es lo que está fallando. No se trata de que se vaya la fiscal, sino de que se enderece el rumbo”, enfatizó.

Finalmente, el exlíder de los abogados advirtió que la falta de autonomía del gobierno estatal para definir su política de seguridad también agrava la crisis. “Si la gobernadora no puede nombrar a su propio secretario de Seguridad y todo se decide desde el centro del país, es imposible atender las necesidades específicas de Baja California”, concluyó.