El diputado local Juan Diego Echevarría Ibarra lanzó una crítica pública al esquema bajo el cual el Gobierno del Estado entregó 25 unidades de transporte público a concesionarios privados, modelo que calificó como irregular, poco transparente y potencialmente dañino para el patrimonio estatal.

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El legislador explicó que estos camiones, adquiridos con recursos públicos por un monto total de 75 millones de pesos, fueron inicialmente utilizados para trasladar a personas al Caribe. Sin embargo, posteriormente comenzaron a circular en rutas urbanas de Mexicali, como la Eje y la Robledo.

Al solicitar información oficial, Echevarría afirmó haber descubierto que los vehículos no fueron vendidos ni concesionados, sino prestados a los transportistas bajo una modalidad denominada “a riesgo”, de la cual dijo no tener registro previo.

“Se los prestó nuevecitos, los que compramos los bajacalifornianos, y aparte nosotros pagamos el seguro del camión”, denunció.

El diputado también reveló que el gobierno estatal cubre el mantenimiento preventivo de las unidades, servicio que realizan los propios talleres de los concesionarios y que cuesta alrededor de 15 mil pesos por camión. Esta cifra representa un gasto mensual estimado de 375 mil pesos.

“Estamos pagando el mantenimiento de nuestros propios camiones del gobierno, que los está utilizando alguien más, que es un concesionario, que tiene la obligación de proporcionar el transporte. Si no, entonces ¿para qué quieres la concesión?”, cuestionó.

Echevarría adelantó que solicitará mayor información y transparencia respecto a este modelo de operación, al considerar que podría beneficiar de manera indebida a privados mientras se compromete el patrimonio del Estado.

Ante estos señalamientos, el secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, defendió el esquema, afirmando que la prestación del servicio de transporte público es una responsabilidad del Estado, aunque históricamente se haya concesionado.

Explicó que la pandemia transformó la movilidad en Mexicali, reduciendo significativamente el uso de rutas tradicionales y favoreciendo el transporte de personal contratado por empresas, lo que dejó entre 15 y 16 rutas prácticamente obsoletas.

Según Álvarez, el acuerdo con los transportistas busca reactivar las rutas populares, apoyándolos con unidades que permitan su capitalización mientras se impulsa un modelo de pago por kilómetro y la implementación del cobro electrónico, con el objetivo de disminuir el manejo de efectivo y posibles abusos.

“Parte del acuerdo con los transportistas es apoyarlos con el vehículo, de tal manera que les permita empezar a capitalizarse”, señaló el funcionario.

El debate sobre la transparencia, legalidad y pertinencia de este esquema continuará en el Congreso del Estado, donde Echevarría solicitará información detallada sobre el uso, mantenimiento y destino de los camiones adquiridos con recursos públicos.