La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tenga motivaciones políticas y aseguró que se trata de una investigación iniciada hace más de un año por la Fiscalía General de la República (FGR).

"Es falso que haya un asunto político aquí. Es una investigación que tiene un año", afirmó durante su conferencia matutina, al descartar que exista justicia selectiva en el caso.

Ruffo Appel fue detenido la tarde del jueves 16 de julio en Ensenada y enfrenta una investigación por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en un esquema conocido como huachicol fiscal, que consiste en importar combustible al país declarando volúmenes menores a los reales o registrándolo como otro producto para evadir impuestos. De acuerdo con la FGR, las operaciones se realizaban a través de la empresa Ingemar.

La mandataria señaló que el Gobierno federal ha actuado contra funcionarios de distintos partidos políticos y recordó que más de 25 personas han sido detenidas dentro de esta investigación.

"No hay ninguna visión de que a quienes llegan por un partido no se les investigue", sostuvo.

Agregó que, si el exgobernador cuenta con elementos para demostrar su inocencia, será el sistema de justicia el que determine su situación jurídica conforme a la ley.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el jueves fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión como resultado de una investigación que se desarrolló durante más de un año.

Durante el operativo realizado en Ensenada también fue detenido Ricardo Thompson Navarro, identificado por las autoridades como socio de Ruffo Appel e hijo del capitán Ricardo Thompson.

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FGR: desmantelan presunta red de contrabando de combustible

En un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que la investigación permitió identificar lo que considera la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta ahora en el país.

Según la dependencia, la organización introducía hidrocarburos desde refinerías de Texas, Estados Unidos, mediante declaraciones falsas en las aduanas mexicanas. En algunos casos reportaba únicamente 10 mil litros por carro-tanque cuando la capacidad real era de hasta 110 mil litros, o bien declaraba productos distintos a los que realmente transportaba.

La FGR señaló que la estructura comenzó a operar mediante una empresa dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto "N", y que posteriormente incorporó una compleja red empresarial, financiera y logística para importar, distribuir y comercializar combustible de manera irregular.

Las investigaciones incluyeron el análisis de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa, así como la revisión de permisos de importación, volúmenes declarados, rutas de distribución, operaciones bancarias y transferencias internacionales.

Además, la autoridad identificó cerca de 80 cuentas bancarias nacionales mediante las cuales se habrían movido más de 3 mil 75 millones de pesos, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. De acuerdo con la FGR, las cuentas presentaban un patrón característico de "cuentas puente", utilizadas para dificultar el rastreo del origen y destino de los recursos.

Millonario daño al erario

La Fiscalía estimó que la organización omitió declarar aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible, lo que habría generado una evasión de 88.5 millones de pesos por concepto de IEPS y 18.2 millones de pesos de IVA, para un daño inicial estimado superior a 106.8 millones de pesos.

Asimismo, entre enero y julio de 2025, la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

Con base en esas operaciones, la FGR calcula un perjuicio a la Hacienda Pública superior a 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de contribuciones.

Como parte del primer bloque de la investigación, un juez libró 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la red. Hasta el momento han sido detenidos Ernesto "N" y otras cuatro personas, mientras las autoridades continúan con la ejecución del resto de los mandamientos judiciales.

La FGR informó que los operativos se desarrollan en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco, y aseguró que cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, análisis financieros y demás pruebas que respaldan la investigación.