El presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López, informó que el Poder Judicial avanza en la implementación de la Ley de Justicia Alternativa, la cual irá de la mano con el próximo sistema de justicia oral civil y familiar, como parte de una transformación estructural en la impartición de justicia en la entidad.

El magistrado explicó que este nuevo modelo contempla la designación de jueces y juezas en oralidad civil y familiar, a través de convocatorias abiertas dirigidas a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos constitucionales, quienes deberán someterse a procesos de evaluación y capacitación especializada.

Detalló que el mecanismo de selección será similar al utilizado en otros sistemas de justicia, al estar previsto en la Constitución y en la reforma constitucional federal de 2017, que dio origen al Código Nacional de Procedimientos Civiles, aprobado hace tres años y con fecha límite de implementación en abril de 2027.

Fragoso López señaló que en Playas de Rosarito ya se cuenta con jueces electos popularmente, mientras que en Ensenada se prevé la designación de cinco jueces civiles y tres familiares, proceso que podría concretarse hacia finales de este año, una vez que las personas seleccionadas reciban la capacitación correspondiente.

Indicó que la implementación continuará de manera gradual, ya que el próximo año se proyecta la incorporación del sistema en Mexicali y Tijuana, aunque precisó que el número exacto de personas juzgadoras dependerá de la capacidad presupuestal.

Asimismo, explicó que para avanzar en Ensenada será necesaria una ampliación presupuestal a mitad de año, sujeta a la autorización del Gobierno del Estado, ya que cada juzgador requiere un equipo completo y un sistema de gestión similar al del modelo acusatorio adversarial.

Finalmente, recordó que, en una ampliación presupuestal previa, destinada a alrededor de 11 personas juzgadoras, se requirió una inversión aproximada de entre 3 y 4 millones de pesos para un periodo de dos meses, lo que permite dimensionar el costo del nuevo sistema de justicia oral civil y familiar.