El cobro de piso y la extorsión se han consolidado como uno de los desafíos más persistentes para la seguridad en Baja California, un fenómeno que afecta de forma directa a transportistas, comerciantes y pequeños empresarios, y que ha obligado a replantear las estrategias de combate desde el ámbito estatal.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo, reconoció que, si bien existen avances, el problema dista de estar resuelto. La complejidad del delito, explicó, exige un trabajo coordinado entre corporaciones y un mayor énfasis en labores de inteligencia para desarticular a quienes dirigen estas estructuras criminales.

El funcionario detalló la reciente captura de cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión del gremio de taxistas en Tijuana, cuyos métodos incluían la quema de vehículos como mecanismo de presión. La operación fue resultado de acciones conjuntas entre la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal, la Fuerza Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, con detenciones realizadas en operativos separados tras labores de análisis e identificación.

Carrillo señaló que estos grupos operaban directamente en la vía pública y que su desarticulación respondió a información obtenida mediante trabajos de inteligencia, un componente que, admitió, deberá fortalecerse en los próximos años. “Los resultados existen, pero hay que ser más precisos”, afirmó, al subrayar que el objetivo es llegar a las cabezas que generan este tipo de delitos, no solo a sus operadores.

Durante años, el cobro de piso fue un tema minimizado o poco visible en el discurso oficial, hoy, aseguró el secretario, forma parte de una estrategia integral impulsada desde el Ejecutivo estatal, en consonancia con lineamientos federales que buscan atender la extorsión como un problema estructural y no aislado.

De acuerdo con cifras oficiales, en el último año se han desarticulado 22 células vinculadas a la extorsión en distintos puntos del estado, con un saldo de 64 personas detenidas, de las cuales 38 ya fueron judicializadas. Las acciones se han concentrado en zonas como Tijuana, el Valle de Mexicali, San Felipe y otros puntos considerados estratégicos por la incidencia delictiva.