Una serie de amenazas detectadas en planteles educativos de Tijuana, que han derivado en la suspensión de clases en al menos ocho escuelas, ha encendido las alertas sobre la seguridad escolar y el entorno social que rodea a niñas, niños y adolescentes en la ciudad.

Las advertencias, localizadas principalmente en baños escolares y relacionadas con posibles actos violentos, han provocado incertidumbre entre padres de familia y autoridades educativas. Aunque no se ha confirmado la veracidad de los mensajes, el impacto ha sido suficiente para interrumpir actividades.

Asimismo, persisten problemas estructurales como la falta de docentes en ciertas escuelas, lo que ha llevado incluso al cierre temporal de algunas instituciones ante la imposibilidad de cubrir grupos.

El diputado local Jorge Ramos Hernández señaló que el tema ya es atendido desde distintos frentes, incluyendo mesas de trabajo periódicas entre autoridades y actores involucrados en el ámbito educativo. La intención, explicó, es anticipar posibles situaciones de riesgo y reforzar mecanismos de prevención dentro de los planteles.

Más allá de la seguridad inmediata, el legislador puso sobre la mesa un fenómeno que, considera, influye en el comportamiento de algunos jóvenes, la normalización de referentes ligados al crimen organizado en contenidos culturales. Este entorno, que incluye música, series y narrativas donde se idealiza la figura del narcotraficante, podría incidir en la percepción de éxito entre ciertos sectores de la juventud.

Por ello mismo, se perfila la presentación de una propuesta en el Congreso estatal orientada a establecer políticas preventivas en todo el sistema educativo de Baja California. La iniciativa buscaría dotar a las escuelas de herramientas para detectar señales de alerta de manera oportuna y actuar antes de que escalen a situaciones de mayor riesgo.