Entre reclamos, dolor e indignación, padres de familia de los seis jóvenes señalados por presuntamente detonar un artefacto explosivo en la Secundaria Técnica Número 18 exigieron a las autoridades educativas y a la Fiscalía esclarecer por qué el caso fue manejado inicialmente como un acto de terrorismo y por qué, aseguran, sus hijos fueron tratados como delincuentes sin pruebas contundentes.

Daniela, madre de uno de los adolescentes involucrados, aseguró que tras sostener una reunión con la directora del plantel y el supervisor escolar, quedó claro que la escuela únicamente activó protocolos internos, por lo que cuestionó la intervención de la Fiscalía y el uso del término “terrorismo”, el cual posteriormente fue reclasificado.

“Venimos como padres a exigir una explicación porque se manejó algo que nunca sucedió. No justifico lo que hicieron los jóvenes; fue una travesura y debe haber consecuencias, pero nunca hubo una bomba molotov ni fueron terroristas. A nuestros hijos los trataron como delincuentes y eso les rompió la vida”, expresó.

La madre señaló directamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda por haber emitido declaraciones públicas condenando a los estudiantes antes de que existiera claridad sobre los hechos.

“Me duele mucho que usted, gobernadora, haya declarado sin saber. Usted debía ayudarnos, no condenarlos. Los jóvenes fueron exhibidos y juzgados por algo que no hicieron”, reprochó.

Daniela sostuvo que existen pruebas que contradicen la versión difundida inicialmente, entre ellas imágenes que, dijo, corresponden a una fumigación realizada en la escuela durante 2024 y no al supuesto incidente ocurrido recientemente.

Asimismo, explicó que los propios padres reconocen que los adolescentes incurrieron en una falta y están de acuerdo en que reciban una sanción ejemplar, pero dentro de los protocolos escolares y no bajo acusaciones desproporcionadas.

“Nosotros mismos pedimos que sean castigados porque tienen que aprender que sus actos tienen consecuencias, pero pudieron aplicar suspensión, trabajo comunitario o medidas correctivas, no tratarlos como pandilleros ni detenerlos como si fueran criminales”, enfatizó.

Relató además que su hijo permanece encerrado y con miedo tras la exposición mediática del caso, mientras la investigación continúa abierta.

“Mi hijo está roto emocionalmente. Le hicieron vivir un infierno. Hoy tiene miedo y nadie nos explica por qué se manejó de esa forma”, dijo.

La madre adelantó que buscarán llegar “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer quién utilizó el término “terrorismo” y quién permitió que los adolescentes fueran exhibidos públicamente bajo una narrativa que, insistió, quedó desmentida tras la difusión de videos del hecho.

“Si mi hijo hubiera hecho algo así, yo daría la cara y lo diría. Pero no es un terrorista. Lo que pedimos es justicia, una disculpa pública y que quien sea responsable responda, porque a mí nadie me devuelve el dolor que nos causaron”, concluyó.