Con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, la diputada Alejandra María Ang Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California, mediante la cual se busca reconocer de manera expresa el derecho al uso exclusivo de los espacios y servicios destinados a este sector de la población.

La propuesta contempla modificar el artículo 5 de la legislación estatal para establecer que los lugares y servicios diseñados para personas con discapacidad, como cajones de estacionamiento accesibles, rampas, espacios preferenciales e infraestructura adaptada, sean utilizados únicamente por quienes los requieren, evitando prácticas que limiten o vulneren su acceso.

Te puede interesar:Jóvenes migrantes se preparan para ingresar a la UABC

La legisladora señaló que la inclusión debe entenderse como un derecho humano fundamental y no como una concesión, por lo que consideró indispensable fortalecer el marco jurídico para eliminar las barreras físicas y sociales que aún enfrentan miles de personas en su vida cotidiana.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Baja California más de 151 mil personas viven con alguna discapacidad visual, motriz, auditiva u otra condición que requiere medidas adecuadas de accesibilidad y movilidad para garantizar su participación plena en la sociedad.

Ang Hernández reconoció además los avances registrados en materia de inclusión, como la reciente aprobación por parte del Cabildo de Mexicali para que personas con autismo puedan acceder al denominado “Tarjetón Azul”, documento que permite hacer uso de espacios de estacionamiento para personas con discapacidad.

Te puede interesar:Jornaleros de Las Palmas exponen necesidades comunitarias a Alfredo Álvarez

No obstante, señaló que persisten conductas que afectan el acceso y aprovechamiento de áreas reservadas, por lo que la reforma busca reforzar las acciones de prevención y protección frente al uso indebido de estos espacios.

La congresista sostuvo que el reconocimiento expreso de este derecho también brindará mayores herramientas a las autoridades para promover una cultura de respeto e inclusión, en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias en toda la entidad.