El presidente del Colegio de Abogados Unidos por el Bien Común, José Antonio Morán Rangel, consideró que las críticas dirigidas al desempeño de servidores públicos no deben interpretarse de manera automática como violencia política en razón de género. Lo anterior, al referirse al posicionamiento de la síndica procuradora de Tijuana contra un medio de comunicación.

El litigante señaló que los cuestionamientos realizados por la prensa están enfocados en el ejercicio de la función pública y no en la persona que ocupa el cargo. En ese sentido, advirtió que sancionar a un medio por ese tipo de publicaciones podría representar un riesgo para la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información.

Morán Rangel añadió que, aunque no advierte la posible configuración de un delito federal en este tipo de casos, cualquier restricción injustificada al trabajo periodístico podría entrar en conflicto con las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho a la información.