Simpatizantes de Somos MX, militantes y exmilitantes del PAN, así como ciudadanos, se manifestaron este viernes afuera del Centro de Gobierno para exigir la liberación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien calificaron como un preso político y señalaron que su detención busca presentarlo como el principal responsable del contrabando de combustible.

Raúl Vera, integrante de Somos MX, afirmó que el exmandatario estatal ha sido víctima de una acción orquestada por el sistema de justicia contra quien fue el primer gobernador de oposición en la historia del país.

Te puede interesar:ENSENADA: Detienen a Ernesto Ruffo por presunto contrabando de combustible

Explicó que la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio, no transporta, compra, distribuye ni comercializa hidrocarburos, sino que únicamente realiza trámites administrativos relacionados con la importación de combustible.

Añadió que ni Ruffo Appel ni su equipo tienen control sobre las aduanas o los tanques ferroviarios donde se moviliza el combustible, por lo que consideró incongruente que ahora se le señale como el líder de una presunta red de "huachicol fiscal".

Durante la manifestación, Vera calificó la detención como arbitraria y sostuvo que se trata de un caso con motivaciones políticas. Recordó que, previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había declarado que no existían indicios ni una investigación en contra del también exalcalde de Ensenada.

Asimismo, señaló que la detención ocurre en un momento en que Morena enfrenta diversos cuestionamientos en Baja California y en el país, por lo que aseguró que "en política no hay coincidencias".

Por su parte, Ricardo Olvera afirmó que el contrabando de combustible representa una de las mayores operaciones del crimen organizado y cuestionó que las autoridades pretendan atribuirle a Ruffo Appel el liderazgo de esa actividad ilícita.

Los manifestantes advirtieron que la detención representa un abuso de autoridad y expresaron su preocupación de que, bajo ese mismo criterio, cualquier ciudadano pueda ser objeto de una acción similar.

Te puede interesar:Niega Sheinbaum asunto político en detención de Ernesto Ruffo

Coparmex pide imparcialidad y respeto al Estado de derecho

Ante la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y del empresario Ricardo Thompson Navarro, el Centro Empresarial de Ensenada de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado para que el proceso judicial se desarrolle con imparcialidad, transparencia y pleno respeto al Estado de derecho.

A través de un posicionamiento, el organismo señaló que, en un Estado democrático, toda persona debe responder por sus actos conforme a la ley, pero también tiene derecho a un proceso imparcial, al respeto de la presunción de inocencia y al debido proceso.

Coparmex enfatizó que la impartición de justicia debe estar libre de cualquier sesgo político, mediático o de oportunidad, por lo que pidió a las autoridades que cualquier resolución se sustente exclusivamente en los hechos, las pruebas y el marco jurídico aplicable.

Asimismo, expresó su preocupación de que este caso pueda desviar la atención de otros asuntos de interés público, particularmente aquellos relacionados con señalamientos contra altos funcionarios del Gobierno de Baja California. En ese sentido, sostuvo que la aplicación de la ley debe ser uniforme y sin excepciones.

El organismo empresarial advirtió que la justicia selectiva debilita el Estado de derecho, mientras que una actuación imparcial fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.

También exhortó a las autoridades a continuar investigando todos los asuntos de interés público con independencia, profesionalismo y estricto apego a la ley, sin privilegiar unos casos sobre otros ni generar percepciones de parcialidad.

Coparmex Ensenada reiteró que no busca defender a ninguna persona en particular, sino exigir que la ley se aplique con bases jurídicas sólidas, sin sesgos políticos y con pleno respeto a las garantías constitucionales.

Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que actúe con autonomía, deslinde responsabilidades con pruebas contundentes y aplique la ley por igual a todos los involucrados en presuntos casos de "huachicol fiscal", incluidos aquellos servidores públicos que han sido señalados públicamente.