El cantante de corridos Gerardo Ortiz reapareció en público este jueves luego de testificar en el juicio contra Ángel del Villar, fundador de DEL Records, acusado de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Ortiz, quien aceptó haber ofrecido conciertos organizados por un promotor vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), afirmó que no teme por las repercusiones de su colaboración con la justicia.

El juicio contra Del Villar ha sacudido la industria de la música regional mexicana, revelando presuntos vínculos entre el sello discográfico DEL Records y el crimen organizado. Ortiz, de 35 años, aceptó cargos de conspiración tras reconocer que realizó múltiples conciertos organizados por Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho” Pérez, un promotor sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2018. La fiscalía sostiene que entre 2018 y 2019, Ortiz recibió aproximadamente 1.5 millones de dólares por 19 presentaciones gestionadas por Pérez Alvear.

En su declaración, Ortiz aseguró que no era él quien negociaba los contratos y que su papel se limitaba a cantar. Sin embargo, documentos judiciales revelan que el FBI le había advertido en 2018 sobre las implicaciones legales de su relación con el promotor. La conversación ocurrió en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, donde los agentes le entregaron un documento oficial con las sanciones impuestas a Pérez Alvear.

La fiscalía argumenta que Del Villar alentó a Ortiz a seguir participando en eventos organizados por Pérez Alvear, a pesar de las advertencias gubernamentales. Durante su testimonio, el cantante mencionó que Del Villar le aseguró que otros artistas también habían recibido advertencias similares, incluyendo Alejandro Fernández.

Las autoridades también han señalado que DEL Records, a través de su subsidiaria DEL Entertainment, continuó haciendo negocios con el promotor sancionado, lo que podría constituir una violación directa de la Ley Kingpin. Ortiz ha cooperado con la fiscalía desde diciembre de 2020 y espera que su colaboración sea considerada al momento de su sentencia, la cual podría alcanzar hasta 10 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares.

A la salida del tribunal en Los Ángeles, Ortiz fue abordado por la prensa, pero se limitó a agradecer el apoyo de sus seguidores. Ante las preguntas sobre si teme por su seguridad, respondió con serenidad: “No, estoy muy bien, gracias a mis fans”.

El caso sigue generando especulaciones sobre los riesgos que enfrenta el cantante al colaborar con las autoridades en una investigación que involucra a una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. A pesar de la exposición mediática y las posibles repercusiones, Ortiz se ha mostrado firme y sin miedo, marcando un capítulo crucial en su carrera y en el juicio que podría redefinir la relación entre la música regional mexicana y el crimen organizado.