La justicia española resolvió a favor de la cantante colombiana Shakira en un caso relacionado con sus obligaciones fiscales de 2011, al determinar que no existen pruebas suficientes para considerarla residente fiscal en España durante ese periodo.

La Audiencia Nacional anuló las sanciones y liquidaciones impuestas previamente por la Agencia Tributaria española, por lo que Hacienda deberá devolverle más de 60 millones de euros, cifra que incluye intereses y gastos judiciales, de acuerdo con el equipo legal de la artista.

 

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

El tribunal concluyó que no quedó demostrado que Shakira permaneciera más de 183 días en territorio español durante 2011, requisito indispensable para ser considerada residente fiscal según la legislación del país. La resolución señala además que las autoridades tampoco pudieron acreditar que la cantante tuviera en España el centro principal de sus actividades económicas o un núcleo familiar establecido legalmente.

Uno de los argumentos de Hacienda fue la relación sentimental que la artista mantenía con el exfutbolista Gerard Piqué, quien residía en España. Sin embargo, la Audiencia Nacional destacó que en ese momento no existía matrimonio ni hijos menores viviendo en el país, por lo que no podía considerarse un vínculo familiar con implicaciones fiscales.

 

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

El litigio corresponde únicamente al ejercicio fiscal de 2011 y se desarrolla por la vía administrativa. Aun así, la Agencia Tributaria adelantó que impugnará la resolución ante el Tribunal Supremo.

Este fallo ocurre días después de que un juzgado de Barcelona archivara otra investigación contra Shakira relacionada con un presunto fraude fiscal de 6.6 millones de euros correspondiente a 2018.

En años anteriores, la intérprete había llegado a acuerdos con las autoridades españolas. En 2024 aceptó pagar una multa millonaria tras reconocer irregularidades fiscales entre 2012 y 2014, lo que le permitió evitar un juicio y una posible condena de prisión.