México lidera la problemática de la trata de personas en el continente americano, de acuerdo con el informe de la edición 2023 del Índice Global de Crimen Organizado, publicado por la organización sueca Global Initiative against Transnational Organized Crime.

En este reporte, la trata de personas se define como una actividad ilícita que implica coacción, engaño, secuestro o fraude con fines de explotación. El contrabando de personas, por otro lado, se describe como el conjunto de actividades delictivas dirigidas a facilitar la entrada, el tránsito o la residencia ilegal de migrantes con el objetivo de obtener beneficios financieros o materiales.

La investigación identifica varios factores que contribuyen a la prominencia de estos delitos en México, entre ellos la pobreza, la inseguridad y la colaboración entre grupos criminales mexicanos y aquellos del Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador.

Un hallazgo del informe es que los traficantes de personas en el sur de México a menudo son residentes locales que operan a lo largo de rutas cruciales utilizadas por migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

Un ejemplo notable de redes mexicanas de trata de personas es el caso de la familia Hernández Velázquez, un clan con sede en Tlaxcala que reclutaba a mujeres jóvenes y las engañaba para viajar a Estados Unidos, donde eran forzadas a prostituirse.

El Índice Global de Crimen Organizado otorga a México puntajes de 8.0 y 9.0 en trata y contrabando de personas, respectivamente, en una escala del 1 al 10. Estos altos puntajes indican que ambas actividades criminales tienen un impacto significativo, tanto en términos financieros como en la cantidad de personas afectadas, así como en la presencia de violencia asociada.

Además, la evaluación sugiere que los grupos criminales involucrados en la trata y el contrabando de personas en México poseen una alta capacidad organizativa, un nivel de sofisticación considerable y una influencia significativa en el Estado y la sociedad.

En términos geográficos, el informe identifica puntos críticos donde estas actividades delictivas han tenido un mayor impacto, destacando la fuerte demanda en áreas densamente pobladas de pueblos fronterizos y ciudades del sur de México, como Villahermosa, Palenque, Tenosique, Comitán y Tapachula, ubicados en los estados de Tabasco y Chiapas.