Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a la magistrada, quien se desempeñaba en un tribunal de primera instancia en Milwaukee, por presuntamente interferir en un operativo federal que buscaba la detención de un migrante mexicano identificado como Eduardo Flores Ruiz. Según una publicación en la red social X del director del FBI, Kash Patel, Dugan habría “desviado intencionalmente” a los agentes encargados de la captura. Aunque el mensaje fue eliminado horas después, diversos medios locales confirmaron que la jueza permanece bajo custodia federal.

Hasta el momento no se han precisado los cargos formales en su contra, pero el caso ha encendido alarmas entre juristas y organizaciones civiles, al interpretarse como una represalia en el marco de la ofensiva del Gobierno contra decisiones judiciales que han frenado su política migratoria.

Durante los últimos meses, varios jueces federales han bloqueado iniciativas de la administración Trump que buscan acelerar las deportaciones y ampliar la detención de migrantes, especialmente mediante el uso de leyes arcaicas como la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII.

Una de las medidas más polémicas ha sido la deportación masiva de migrantes principalmente hombres venezolanos a una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Según cifras oficiales, más de 200 personas han sido trasladadas a ese penal en los últimos meses, como parte de un acuerdo confidencial entre Washington y el gobierno del presidente Nayib Bukele, que incluye un pago anual de 6 millones de dólares por parte de EE.UU. para financiar el sistema carcelario salvadoreño.

Grupos defensores de derechos humanos, como Human Rights Watch, han calificado esta práctica como una forma de “desaparición forzada”, mientras que investigaciones periodísticas han revelado que la mayoría de los deportados no cuentan con antecedentes penales ni vínculos comprobados con pandillas.

Pese a esto, el Gobierno de Trump ha justificado las expulsiones asegurando que los migrantes podrían estar relacionados con organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Tren de Aragua, recientemente catalogadas como grupos terroristas por el Departamento de Estado.

La controversia escaló aún más el pasado fin de semana, cuando el Tribunal Supremo tuvo que intervenir de emergencia para ordenar la suspensión temporal de las expulsiones, luego de que la administración continuara con los vuelos a El Salvador sin respetar las medidas cautelares previas.

En medio de este clima de confrontación, la detención de la jueza Dugan representa algo más que un caso aislado: podría ser interpretada como una advertencia a otros magistrados que se opongan a las políticas migratorias del Ejecutivo. Mientras tanto, la independencia judicial, uno de los pilares de la democracia estadounidense, parece estar más bajo presión que nunca.