El gobierno del expresidente Donald Trump ha reactivado sus esfuerzos para desmantelar una de las principales salvaguardas legales a favor de los menores migrantes detenidos en Estados Unidos: el Acuerdo Flores. Mediante una moción presentada hoy ante una corte federal en California, la Administración republicana solicitó eliminar por completo este histórico pacto judicial, vigente desde hace más de 25 años.

El Acuerdo Flores, establecido en 1997 tras años de litigio, obliga a las autoridades migratorias a proporcionar condiciones mínimas de bienestar para los menores de edad bajo custodia federal. Entre estas disposiciones se incluyen acceso a servicios médicos, educativos y alojamiento en instalaciones con licencia especializada, además de la obligación de liberarlos rápidamente con un familiar o tutor legal.

Según el argumento del Gobierno de Trump, estas exigencias limitan su capacidad para implementar políticas migratorias más estrictas, al imponer restricciones judiciales sobre decisiones del Ejecutivo. En su nuevo intento por disolver el acuerdo, la Casa Blanca sostiene que este pacto ha “transformado el panorama migratorio”, al eliminar factores disuasorios y alentar la llegada de familias con menores de forma irregular.

El equipo legal del Gobierno asegura también que las condiciones actuales en los centros de detención migratoria han mejorado de forma significativa desde que se firmó el acuerdo, por lo que consideran que ya no es necesario mantenerlo.

Este no es el primer intento de la administración Trump por eliminar el Acuerdo Flores. Durante su primer mandato (2017-2021), ya había impulsado una iniciativa similar, que fue bloqueada por un tribunal de apelaciones. Incluso durante el gobierno de Barack Obama se propuso revisar el acuerdo, especialmente tras el aumento de niños no acompañados que cruzaron la frontera en 2014.

El acuerdo debe su nombre a Jenny Flores, una adolescente salvadoreña que en 1985 fue detenida tras huir de la guerra civil en su país. Durante su reclusión en un centro juvenil estadounidense, fue sometida a condiciones degradantes, como registros al desnudo y meses de encierro sin acceso a educación ni recreación. Su caso fue el detonante de una batalla legal liderada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones, que culminó con la firma del acuerdo que desde entonces ha protegido a miles de menores migrantes.