El gobierno de Donald Trump ha pedido a la Corte Suprema que le permita deportar a un grupo de migrantes a Sudán del Sur, a pesar de las advertencias de que podrían enfrentar tortura o persecución en ese país. La solicitud se produce después de que un tribunal inferior bloqueara la medida, argumentando que los afectados no tuvieron oportunidad de presentar una defensa legal.

Ocho migrantes, originarios de Cuba, México, Laos, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur, permanecen retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti. El gobierno intentó enviarlos a Sudán del Sur, pero un juez federal de Massachusetts, Brian Murphy, detuvo la deportación, señalando que violaba una orden que protege a las personas de ser enviadas a países donde corren peligro.

La administración Trump alega que estos migrantes cometieron "crímenes monstruosos" y que Sudán del Sur es el único país dispuesto a recibirlos, ya que sus naciones de origen se negaron. Sin embargo, Estados Unidos considera a Sudán del Sur un territorio peligroso debido a su conflicto armado interno, e incluso retiró a su personal no esencial en mayo.

Este caso es el más reciente enfrentamiento entre la administración Trump y el poder judicial, en medio de su política de "deportaciones masivas". Para acelerar las expulsiones, Washington ha buscado acuerdos con terceros países, como el firmado con El Salvador, donde más de 200 migrantes fueron enviados a una megacárcel y permanecen incomunicados.

El juez Murphy ofreció una alternativa: realizar audiencias en Yibuti, donde los migrantes podrían presentar sus argumentos antes de una posible deportación. Sin embargo, el gobierno insiste en que la Corte Suprema debe intervenir para anular la orden judicial.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos advierten que deportar a personas a zonas en conflicto viola el derecho internacional.