El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que prohíbe completamente el ingreso de ciudadanos de 12 países y restringe parcialmente los viajes desde otras siete naciones, alegando razones de seguridad nacional.

La medida afecta a migrantes provenientes de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, países que, según la administración Trump, "carecen de mecanismos confiables de verificación e información", lo que representa un "riesgo muy alto" para la seguridad de EE.UU.

Además, se impusieron restricciones adicionales a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. En estos casos, el acceso estará condicionado a evaluaciones más estrictas y permisos especiales.

“No podemos permitir una migración abierta desde países donde no tenemos la capacidad de realizar controles seguros”, declaró Trump en un video publicado en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

El mandatario vinculó directamente esta decisión con un incidente reciente ocurrido en Colorado, que involucró un ataque contra la comunidad judía, y lo citó como ejemplo de los peligros de permitir el ingreso de personas “sin ser adecuadamente examinadas”. También criticó a su antecesor, el presidente demócrata Joe Biden, por su supuesta política de “puertas abiertas”, la cual —según Trump— ha contribuido al ingreso de “millones de inmigrantes sin estatus legal”.

Trump comparó esta nueva acción con las restricciones impuestas durante su primer mandato, cuando vetó el ingreso de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. “Fue una de nuestras políticas más exitosas y clave para prevenir ataques terroristas en suelo estadounidense”, afirmó.

El decreto firmado ordena al Departamento de Estado mantener actualizada la lista de países restringidos y evaluar posibles cambios en función de mejoras en la cooperación internacional, verificación de identidad y controles migratorios. También deja abierta la posibilidad de incorporar nuevas naciones conforme evolucionen las amenazas globales.

Esta decisión ha generado ya fuertes reacciones en sectores defensores de los derechos humanos y en comunidades migrantes afectadas, que temen un nuevo ciclo de discriminación y cierres arbitrarios bajo la bandera de la seguridad.