El gobierno del presidente Donald Trump criticó abiertamente a la jueza federal Amy Baggio por ordenar la liberación de Odalis Jhonatan Martínez Velásquez, una mujer transgénero originaria de México, que se encontraba detenida en un centro migratorio para hombres en el estado de Washington.

La decisión judicial fue calificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como una “promoción del fanatismo ideológico de género” y un acto de “activismo judicial” que, aseguran, pone en riesgo la seguridad en los centros de detención migratorios.

Martínez Velásquez, quien ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2023, había sido liberada inicialmente durante la administración Biden para continuar su proceso de asilo. En su solicitud, afirma haber sido víctima de secuestro y abuso sexual en México por parte del cártel de los Caballeros Templarios, debido a su identidad de género.

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No obstante, tras la llegada de Trump nuevamente al poder, un juez de migración desestimó su caso. Fue detenida el pasado 2 de junio y enviada al centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Tacoma, específicamente a la sección destinada a varones.

La jueza Baggio ordenó su liberación argumentando preocupaciones sobre su seguridad y bienestar al ser recluida en un entorno que no correspondía con su identidad de género. La decisión desató la reacción del DHS, que sostuvo que el protocolo de ubicación fue adoptado para proteger a las mujeres detenidas y en cumplimiento con las órdenes ejecutivas del presidente Trump.

“La jueza no tiene autoridad sobre el estatus migratorio de la detenida. Es un juez de migración quien debe tomar esas decisiones”, señaló Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS. “El presidente ha sido claro: no aceptaremos imposiciones de ideologías radicales en nuestras políticas migratorias”.

Desde la perspectiva del gobierno federal, la decisión judicial interfiere con las directrices diseñadas para mantener la seguridad en centros de detención, mientras que activistas y organizaciones de derechos humanos defienden el fallo como un paso necesario para proteger a personas transgénero en situación de vulnerabilidad.

El caso ha reavivado el debate sobre el trato a migrantes LGBTQ+ en Estados Unidos y la autonomía de los jueces federales frente a las políticas migratorias del Ejecutivo.