El Gobierno de Nicolás Maduro condenó enérgicamente la incautación de un nuevo buque petrolero que transportaba crudo venezolano, acción atribuida a autoridades de Estados Unidos y que fue calificada por Caracas como un acto de robo, secuestro y piratería internacional.

De acuerdo con la versión oficial, la embarcación fue interceptada en aguas internacionales del mar Caribe, en lo que representa un nuevo episodio de tensión entre ambos países. El Ejecutivo venezolano sostuvo que se trata del segundo decomiso reciente de un buque con petróleo del país sudamericano, lo que, a su juicio, evidencia una escalada en las medidas coercitivas impulsadas por Washington.

A través de un comunicado, el Gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional marítimo y de actuar fuera de cualquier marco legal, al apropiarse de una carga que pertenece a la nación venezolana. Asimismo, denunció la retención de la tripulación, calificándola como una acción arbitraria y contraria a los principios humanitarios.

Las autoridades de Caracas advirtieron que emprenderán acciones diplomáticas y legales ante organismos internacionales para denunciar lo ocurrido y exigir responsabilidades. Subrayaron que este tipo de acciones buscan asfixiar económicamente al país y apropiarse de sus recursos energéticos, una estrategia que, aseguraron, no doblegará la defensa de la soberanía nacional.

Por su parte, el Gobierno estadounidense ha sostenido que estas intercepciones forman parte de la aplicación de sanciones económicas contra Venezuela, argumento que ha sido rechazado de manera reiterada por el Ejecutivo de Maduro, que considera dichas sanciones ilegales y unilaterales.