La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio definitivo sobre la vía legal que deben seguir las personas que buscan una reparación por daños ocasionados por negligencia médica. La resolución aclara cuál es el camino correcto, dependiendo de si el médico pertenece al ámbito público o privado.

¿Reparaciones civiles o administrativas?

Sin embargo, cuando el médico trabaja en una institución pública federal de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la vía correcta para pedir reparación no es la civil, sino la administrativa.

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Esto significa que la persona debe iniciar un trámite ante el Estado mexicano, quien será responsable de evaluar y, en su caso, reconocer y reparar el daño. El criterio busca evitar que los pacientes acudan a procesos judiciales incorrectos que pueden retrasar o incluso impedir su derecho a una indemnización.

La resolución surgió a partir de un caso en el que una paciente intentó demandar civilmente a una doctora del IMSS por los daños sufridos durante una operación. Sin embargo, los tribunales inferiores habían determinado que esa no era la vía correcta, lo que motivó la intervención de la SCJN.

Por otro lado, si el médico señalado no forma parte del sistema público federal, y ejerce en hospitales privados o fuera de instituciones gubernamentales, la persona afectada sí puede presentar una demanda civil directamente contra el profesional. En este caso, deberá probar que hubo culpa o negligencia médica, y que dicha conducta fue la causa directa del daño.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el ponente del caso, y la decisión fue aprobada por la Primera Sala. Este criterio ahora es vinculante, lo que significa que todos los tribunales del país deberán aplicarlo de forma obligatoria en situaciones similares.

Con esta determinación, la Suprema Corte busca dar claridad al proceso legal para las víctimas de errores médicos, diferenciando entre responsabilidad individual y responsabilidad institucional del Estado. La medida tiene el objetivo de garantizar que las personas afectadas encuentren un camino eficaz para obtener justicia.