El Gobierno de México dio a conocer este jueves la hoja de ruta para llevar a cabo la contratación consolidada de medicamentos e insumos médicos que abastecerán al sistema público de salud durante los años 2027 y 2028. El plan fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y detalla un proceso de planeación que involucra a instituciones clave como el IMSS, ISSSTE y hospitales federales.

Las nuevas disposiciones están contenidas en el documento titulado Lineamientos generales para la planeación del procedimiento de contratación consolidada de medicamentos y demás insumos para la salud, cuyo propósito es asegurar que las contrataciones del Gobierno federal se realicen bajo las mejores condiciones disponibles.

Calendario de entregas y diagnóstico inicial

De acuerdo con lo estipulado, el proceso comenzará el 1 de septiembre de 2025 con un diagnóstico de necesidades a cargo de la Secretaría de Salud. A partir de ese análisis, las instituciones públicas deberán presentar sus demandas específicas de medicamentos e insumos a más tardar el 30 de noviembre del mismo año.

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Una vez recopiladas las solicitudes, las dependencias del sector salud deberán remitirlas a los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) antes del 31 de enero de 2026. La empresa paraestatal será la encargada de realizar una investigación de mercado con base en los requerimientos técnicos y lineamientos establecidos. El plazo máximo para esta verificación será el 16 de marzo de 2026.

Plataforma digital y control de proveedores

La implementación de este esquema de compras será gestionada a través de la plataforma ComprasMX, un sistema digital diseñado para centralizar información sobre licitaciones, adjudicaciones y proveedores. El uso obligatorio de esta herramienta busca dotar al proceso de mayor transparencia, trazabilidad y control institucional.

Como parte de esta reestructuración, la Secretaría Anticorrupción asume un papel central. Tras la reforma a la Ley de Adquisiciones en abril de 2025, esta dependencia recibió atribuciones exclusivas para establecer lineamientos, autorizar compras consolidadas y vigilar su ejecución, lo cual fortalece su función como autoridad normativa en materia de contrataciones públicas.

Las autoridades federales estiman que este nuevo modelo permitirá evitar desabastos en los servicios de salud, al tiempo que promueve prácticas de contratación más limpias, competitivas y eficientes. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo mayor por reordenar la administración pública y optimizar el uso de los recursos en beneficio del sistema nacional de salud.