La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril por la noche recibió 10 documentos con solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra igual número de ciudadanos mexicanos.

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De acuerdo con la dependencia, el 29 de abril, conforme al marco legal vigente, la información fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis y evaluación.

Ese mismo día, al mediodía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dio a conocer públicamente la presentación de cargos contra los 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador en funciones de Sinaloa, un senador por esa entidad y el alcalde de Culiacán. En el documento difundido también se incluyó una “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”.

El 28 y 29 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió y turnó a la FGR solicitudes de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos, tras una notificación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que dio a conocer cargos en su contra.

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Ante esta situación, el área jurídica de la SRE expresó un extrañamiento, al señalar que este tipo de procedimientos deben manejarse bajo confidencialidad, conforme a los tratados internacionales en la materia.

Por su parte, la Fiscalía General de la República emitió un posicionamiento en el que recordó que, conforme a la Constitución y la legislación mexicana, tiene la obligación de analizar toda la documentación recibida antes de determinar si existen elementos para proceder legalmente.

“La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analizará la documentación recibida con la finalidad de establecer si existen los elementos probatorios necesarios para la viabilidad de la solicitud”, señaló la institución.

#InformaciónOficial
Mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia matutina sobre la solicitud de detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. pic.twitter.com/BrHFs8RvVt

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Además, la FGR informó que abrirá una investigación paralela para recabar información que permita determinar si las acusaciones de las autoridades estadounidenses cuentan con sustento suficiente para solicitar posibles órdenes de aprehensión en México.

La dependencia también recordó que, para que una orden de aprehensión proceda en el país, “se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”.

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En el plano político, la titular del Ejecutivo federal fijó postura y afirmó que desde el inicio de su administración ha asumido el compromiso de respetar la Constitución, así como de defender la soberanía nacional.

“México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”, expresó.

Asimismo, subrayó que la postura del gobierno federal es clara: “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT

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La mandataria agregó que, en caso de que la FGR encuentre pruebas suficientes, se procederá conforme a derecho; sin embargo, advirtió que si no existen elementos sólidos, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

Finalmente, reiteró que el gobierno mexicano no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco permitirá injerencias externas en decisiones que corresponden exclusivamente al país: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.