La sentencia dictada contra la exalcaldesa de Nazas, Diana Berenice González, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades envía el mensaje de que ningún servidor público está por encima de la ley, afirmó el diputado local Noel Fernández, presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado.

El legislador recordó que la exfuncionaria fue condenada a un año, 11 meses y 29 días de prisión, además del pago de una multa, la reparación del daño y tres años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Precisó que la sentencia fue resultado de un procedimiento abreviado y que actualmente cumple la pena bajo el beneficio de la libertad condicionada.

Fernández explicó que el expediente fue revisado inicialmente por la Comisión de Responsabilidades del Congreso local y posteriormente turnado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para el desarrollo de la investigación.

Añadió que el caso comenzó en 2022 y que el proceso judicial se extendió durante aproximadamente tres años debido a la presentación de diversos recursos legales.

De acuerdo con el diputado, los hechos por los que fue sentenciada la exalcaldesa están relacionados con el presunto desvío de recursos públicos mediante la contratación de una empresa vinculada con un familiar de la entonces presidenta municipal, operación que, señaló, se habría realizado sin apego a los procedimientos legales.

El legislador indicó que la propia exalcaldesa aceptó su responsabilidad dentro del procedimiento abreviado, lo que permitió concluir el proceso con la sentencia emitida por la autoridad judicial.

"No tiene que ver con colores políticos ni con niveles de gobierno; lo importante es que las autoridades judiciales actúan con independencia y que los servidores públicos administren los recursos con apego a la ley", expresó.

Finalmente, Fernández hizo un llamado a las y los presidentes municipales a ejercer los recursos públicos con responsabilidad y transparencia para evitar incurrir en conductas que puedan derivar en sanciones administrativas o penales.

Asimismo, consideró que la ciudadanía mantiene un mayor nivel de exigencia hacia sus autoridades y que los casos de corrupción terminan por afectar la confianza y el respaldo social hacia los gobiernos.