El Instituto Nacional Electoral (INE) ha cerrado con broche de hierro el primer proceso electoral judicial en la historia democrática de México. Un ejercicio inédito e inaudito que, en lugar de fortalecer al Poder Judicial, exhibió su fragilidad ética y su sometimiento al poder político.

Según el informe presentado por la Consejera Carla Humphrey, dado a conocer en un boletín oficial, más de 18 millones de pesos en sanciones fueron impuestos por irregularidades en los gastos de campaña de más de 7,700 candidaturas, incluyendo aspirantes a jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte. El mensaje es devastador: quienes aspiraban a juzgar a los demás, no pudieron ni siquiera cumplir con las reglas básicas de rendición de cuentas.

Entre las faltas más graves destacan ingresos no comprobados, egresos no reportados, pagos en efectivo por encima del límite legal, uso indebido de recursos y hasta aportaciones prohibidas. Y no se trata de simples errores administrativos: estamos hablando de quienes pretenden tener en sus manos el futuro jurídico del país.

El proceso, además, dejó ver el colapso moral del sistema judicial sometido a la lógica electoral. El 83% de las sanciones a nivel federal recaen en candidaturas a magistraturas de tribunales colegiados, jueces de distrito y hasta aspirantes a la Suprema Corte. A nivel local, estados como Chihuahua y Estado de México concentran más de un tercio del total de sanciones. Es decir: el problema no es aislado ni accidental. Es estructural.

Y como si esto fuera poco, el INE resolvió también 96 quejas relacionadas con el uso ilegal de “acordeones” o guías de votación, muchos de ellos promovidos mediante sitios web o distribución física de propaganda. Se abre un procedimiento oficioso para investigar el financiamiento de esa maquinaria. Pero ¿alguien lo hará realmente? ¿O volverá a quedar en la impunidad?

La frase de Humphrey retumba como una verdad incómoda:

“Quien aspira a juzgar debe ser la o el primero en respetar la ley”.

Exacto. Y sin embargo, el proceso electoral judicial demostró exactamente lo contrario. Que se puede aspirar al poder sin honestidad. Que se puede prometer imparcialidad con las manos sucias. Y lo más grave: que el régimen actual pretende instrumentalizar al Poder Judicial como un brazo político más, seleccionando perfiles obedientes en lugar de independientes.

Así, lo que debía ser un avance democrático histórico, terminó en una puesta en escena grotesca, donde los actores principales llegaron al escenario violando las reglas, con un guion escrito desde Palacio Nacional y un público cada vez más incrédulo.

El daño a la legitimidad del Poder Judicial está hecho. Y si esta fue solo la primera edición del proceso electoral judicial, Dios nos libre de la segunda.

“El INE como lo conocemos dejó de existir ayer”: El periodista Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) comenta la resolución sobre los ‘acordeones’ de la Elección Judicial. “Terminaron validando el abuso, la trampa, de la acción más fraudulenta en las elecciones mexicanas", señaló.… pic.twitter.com/bay0WH6PDi

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 29, 2025