La imagen es poderosa. Ernesto Ruffo Appel, el hombre que hace casi cuatro décadas simbolizó la primera gran alternancia democrática del país, hoy se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad, vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Para Baja California, el hecho tiene una carga política e histórica imposible de ignorar.

Pero reducir la discusión a la caída de un personaje sería quedarse en la superficie.

Si la Fiscalía General de la República cuenta con los elementos suficientes para acreditar las acusaciones, corresponde que los tribunales determinen su responsabilidad. Ese es el funcionamiento normal de un Estado de derecho. Nadie debería estar por encima de la ley, mucho menos quienes han ejercido el poder.

El verdadero debate comienza después.

Porque la fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad de detener a un exgobernador, sino por la certeza de que la ley se aplica con el mismo rigor a todos. Y es ahí donde aparece una pregunta incómoda: ¿por qué algunos expedientes avanzan con una velocidad inusitada mientras otros permanecen durante años atrapados entre investigaciones interminables, archivos olvidados o silencios institucionales?

La percepción de justicia no depende únicamente de que existan detenciones. Depende de que exista consistencia.

En México hemos visto desfilar gobernadores, exsecretarios, empresarios y dirigentes políticos señalados por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos o vínculos con organizaciones criminales. Algunos enfrentan procesos judiciales; otros continúan ocupando cargos públicos; varios simplemente desaparecieron del radar de las autoridades. La diferencia entre unos y otros rara vez resulta evidente para la ciudadanía.

Y cuando esa diferencia no puede explicarse con claridad, inevitablemente aparece la sospecha de que la justicia tiene prioridades variables.
Baja California conoce bien ese fenómeno. A lo largo de los últimos años, distintos gobiernos, de distintos partidos, han acumulado denuncias, investigaciones y señalamientos públicos. Sin embargo, pocos casos han llegado hasta sus últimas consecuencias. La sensación que permanece es la de una justicia que aparece con contundencia en algunos momentos y con una paciencia infinita en otros.

Ese es el verdadero costo institucional.

Porque la justicia selectiva no necesita ser real para producir efectos políticos; basta con que sea percibida como tal. Cuando los ciudadanos creen que la velocidad de las investigaciones depende del personaje involucrado, del partido al que pertenece o del contexto político del momento, la confianza deja de depositarse en las instituciones y comienza a trasladarse a las narrativas.

Eso termina siendo peligroso para todos. También para quienes hoy celebran una detención.

Combatir redes de contrabando de combustibles y delincuencia organizada es una obligación del Estado. Nadie debería cuestionar que las autoridades investiguen y sancionen esos delitos. Lo que sí debe exigirse es que ese mismo estándar se aplique sin excepciones, sin cálculos políticos y sin importar el nombre que aparezca en el expediente.

Porque la justicia deja de ser un instrumento de legalidad cuando parece convertirse en un ejercicio de oportunidad.

El caso de Ernesto Ruffo Appel será resuelto por los tribunales. Ahí deberá demostrarse, con pruebas, si las acusaciones son fundadas o no. Pero el juicio que hoy corresponde hacer como sociedad es otro: preguntarnos si queremos instituciones capaces de actuar únicamente en casos emblemáticos o un sistema de justicia que funcione con la misma firmeza para todos.

Al final, la credibilidad de un país no depende de cuántos personajes famosos sean detenidos. Depende de que ningún expediente avance o se detenga por razones distintas a las que marca la ley. Porque una democracia no se fortalece cuando la justicia sorprende; se fortalece cuando deja de sorprender porque actúa, siempre, de la misma manera.