Joel Anderson, Supervisor del Condado de San Diego, está trabajando en modificar el programa de defensa legal de los derechos de los inmigrantes con el objetivo de evitar la provisión de defensa legal gratuita a criminales convictos que enfrentan deportación. Su argumento se centra en la preocupación de que los contribuyentes estén asumiendo los costos legales asociados.

El martes 5 de diciembre, Anderson presentará ante sus colegas una solicitud para que voten a favor de la modificación del programa de defensa legal de los derechos de los inmigrantes. Su propósito es poner fin a lo que él caracteriza como la asignación de fondos de los contribuyentes para la defensa legal de individuos involucrados en actividades ilícitas, tales como narcotraficantes, asesinos y violadores que enfrentan deportación.

Aprobado en abril de 2022, el programa de defensa legal de los derechos de los inmigrantes asignó $5 millones de fondos del condado con el fin de financiar la representación legal de inmigrantes detenidos que están en proceso de deportación.

Sin embargo, el Supervisor Anderson afirma haber descubierto un importante vacío legal que obliga a los contribuyentes del condado a asumir los costos de la defensa legal de criminales convictos, algunos de los cuales han sido juzgados y condenados por delitos violentos graves.

Durante una revisión del programa, Anderson encontró al menos 34 casos en los que los contribuyentes estaban pagando por la defensa de delincuentes convictos en sus audiencias de deportación. Según su personal, estos casos incluyen 13 condenas por delitos graves como contrabando de drogas, asesinato y violación, así como ocho casos de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos graves.

El funcionario expresó que, aunque no es la primera vez que presenta esta propuesta, las condiciones en la frontera y el creciente número de migrantes que ingresan al país podrían empeorar el problema.

"Lamentablemente, cuando presenté este tema por primera vez, mis colegas impidieron que se realizará una votación al negarse a darme un 'segundo cortesía' en mi moción. Siempre he estado orgulloso de mi trabajo. Nunca me he alejado de una votación, así que quería permitir que mis colegas tuvieran su voto registrado. El condado no debería gastar nuestros recursos limitados para ayudar a violadores, asesinos y traficantes de personas y drogas convictos a intentar eludir la ley federal de inmigración", declaró Anderson.