Los inmigrantes que carecen de estatus legal en Estados Unidos y buscan obtener la residencia permanente a través de un cónyuge o familiar podrían ser colocados en procedimientos de deportación, según una nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), reportó NBC News.  https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna223099

La medida, que entró en vigor de inmediato este lunes, permite a las autoridades migratorias iniciar procesos de remoción contra personas indocumentadas que soliciten una “green card” mediante vínculos familiares, incluyendo el matrimonio.

“El hecho de presentar una petición familiar no concede estatus migratorio ni impide la deportación”, señala el manual de políticas actualizado por USCIS. La agencia también confirmó a NBC News que la nueva directriz aplica tanto a solicitudes en curso como a aquellas presentadas a partir del 1 de agosto.

Expertos legales y en política migratoria consultados advirtieron que la medida impacta directamente una de las vías más comunes que utilizan los inmigrantes para regularizar su situación en el país.

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“Esta es una de las formas más importantes que tiene la gente para ajustar su estatus migratorio”, afirmó Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de Columbia. Según explicó, la política es muy amplia y podría permitir al USCIS iniciar procedimientos de deportación “en cualquier momento del proceso”, el cual varía según la ubicación de la solicitud y el tipo de relación familiar.

Datos revelan que, en los primeros seis meses de 2025, se presentaron cerca de 520,000 peticiones I-130 —el primer paso para solicitar la residencia por vínculos familiares. Hasta junio, más de 2.4 millones de solicitudes I-130 seguían pendientes, de las cuales 1.9 millones llevaban más de seis meses sin resolución.

No está claro cuántos de esos casos involucran a personas que ya no tienen un estatus legal vigente.

Mukherjee subrayó que anteriormente no se esperaba que un solicitante fuera enviado a una corte migratoria durante este proceso, salvo en casos graves como violaciones criminales. “Este cambio puede generar miedo entre las familias inmigrantes, incluso aquellas que están haciendo todo de manera correcta”, afirmó.

En su declaración el USCIS justificó la medida como parte de un esfuerzo por garantizar la integridad del sistema migratorio mediante controles más estrictos, incluyendo entrevistas presenciales cuando sea necesario.

“Las peticiones fraudulentas, frívolas o sin mérito en el proceso de inmigración familiar socavan la confianza en las vías legales hacia la residencia permanente y debilitan el sistema migratorio”, advirtió la agencia en una alerta emitida el lunes. “USCIS debe asegurarse de que los matrimonios y relaciones familiares que califican sean genuinos, verificables y cumplan con la ley”.

Julia Gelatt, subdirectora del Programa de Política Migratoria del Migration Policy Institute, dijo que esta política se alinea con la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump.

“El mensaje que está enviando la administración es claro: los inmigrantes sin autorización deberían considerar abandonar sus vidas en EE.UU. y regresar a sus países de origen”, declaró.

Gelatt señaló que esta nueva directriz no solo afectará a quienes ingresaron ilegalmente y buscan regularizarse por medio del matrimonio, sino también a personas cuyo estatus legal ha expirado mientras esperan respuesta a su solicitud de residencia, incluidos los “Dreamers” y cientos de miles de inmigrantes cuya situación legal quedó en riesgo tras la eliminación de programas temporales durante el gobierno de Biden.

“Muchas personas están perdiendo su estatus, y esta medida elimina una de las vías que podrían haber utilizado para permanecer legalmente en el país”, explicó.

Aunque todavía está por verse cómo aplicará el gobierno esta política, Mukherjee advirtió que una implementación agresiva representaría “un cambio radical en la forma de aplicar las leyes migratorias” y podría disuadir a muchos de iniciar el proceso de regularización, aun cuando cumplan con los requisitos.