El Frente Estatal Magisterial por las Jubilaciones, encabezado por su coordinador estatal, profesor Rigoberto Castillo García, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Baja California, denominada “Ley Esteban”, con el objetivo de dignificar y proteger al personal docente frente a prácticas que vulneran sus derechos laborales y humanos.

La propuesta surge como respuesta a situaciones recurrentes en las que maestros son objeto de linchamientos mediáticos, difamaciones en redes sociales y presiones políticas o administrativas, que derivan en sanciones sin sustento legal y afectan su honor, reputación y estabilidad laboral.

Uno de los casos más representativos que evidenció esta problemática fue el del maestro Esteban, en Mexicali, quien, a pesar de seguir los protocolos institucionales establecidos, fue procesado penalmente por el delito de “omisión de auxilio”.

El proyecto busca consolidar un marco legal actualizado que respalde la labor docente como función social esencial, proteja su integridad moral y profesional, y garantice condiciones de trabajo justas en sintonía con los principios del humanismo mexicano y el interés superior de la niñez.

Ejes principales de la iniciativa

La “Ley Esteban” contempla una serie de medidas que abarcan tanto la protección de los docentes como la seguridad de los alumnos:

•    Cobertura médica para todos los alumnos de educación básica y media superior en planteles públicos y privados.

•    Protocolos de atención inmediata en emergencias médicas o accidentes dentro de las escuelas.

•    Regulación estricta de aseguradoras, con sanciones por negligencia en la atención de estudiantes o personal.

•    Garantías de debido proceso en denuncias contra maestros y personal escolar, evitando suspensiones arbitrarias o exhibición pública sin resolución fundamentada.

•    Medidas contra acusaciones falsas, incluyendo sanciones por difamación y reparación del daño a docentes afectados.

•    Rectificación pública y acompañamiento jurídico y psicológico para trabajadores injustamente señalados.

•    Mecanismos de conciliación que permitan resolver conflictos escolares sin afectar el derecho a la educación.

•    Respeto irrestricto a la dignidad del docente sancionado, con transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de sanciones administrativas o judiciales.

El Frente Estatal Magisterial enfatizó que esta propuesta no busca privilegiar a los maestros por encima de los alumnos, sino garantizar un equilibrio entre la protección de la niñez y el respeto a los derechos laborales y humanos de los docentes.

“El magisterio ha sido blanco de juicios sumarios y condenas mediáticas que dañan su labor y su vida personal. Con la Ley Esteban queremos construir un entorno escolar seguro, justo y humano para todos”, expresó Castillo García.