Las comunidades indígenas mayo-yoreme de la bahía de Ohuira, en Sinaloa, anunciaron que tomarán de manera indefinida las instalaciones de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) a partir del 15 de junio, como medida de presión para exigir la suspensión de un proyecto que consideran una amenaza para el medio ambiente y la supervivencia de los pueblos originarios de la región.

Bajo la consigna “¡Aquí no!”, los habitantes han mantenido una resistencia de más de una década contra la construcción de lo que sería una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo. De acuerdo con Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, la movilización se mantendrá hasta obtener respuestas concretas de las autoridades federales.

Fui a topolobampo en la mañanita y quedé impresionada con los manifestantes que se quedan a dormir por lo de la planta de amoniaco, de verlo solo en redes a verlo en persona sentí un poco la impotencia de la que se habla 😓 #aquino #topolobampo #sinaloa pic.twitter.com/AnZ6kqi2J2

— Caritooo (@not_Coraline_) June 14, 2026

El anuncio se produjo tras una reunión con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Aunque el Gobierno federal propuso instalar mesas de diálogo con las comunidades, los inconformes condicionaron su participación a la suspensión inmediata de las obras.

La planta, impulsada por GPO, filial del grupo suizo-alemán Proman, contempla una producción diaria de 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco. Sin embargo, los opositores sostienen que el proyecto provocará daños irreversibles en la bahía de Ohuira, afectando tanto al ecosistema como a las comunidades indígenas asentadas en la zona.

Montaño aseguró que la operación de la planta representaría “la muerte de la bahía” y el desplazamiento de miles de habitantes de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, donde viven más de 6 mil 600 indígenas. Por ello, calificó el proyecto como un posible “ecocidio y etnocidio”.

Entre las principales preocupaciones se encuentra el uso de aproximadamente 2 mil metros cúbicos de agua salada por hora para enfriar el amoniaco. Según los opositores, el agua sería devuelta a la bahía con una temperatura superior, alterando el equilibrio ecológico y afectando la pesca, principal actividad económica y fuente de alimentación de la región.

Manifestantes en contra de la planta de amoniaco de GPO en #Topolobampo realizan clausura simbólica en la reja principal de las instalaciones.
Felipe Montaño, lanzó un ultimátum:
Si no se resuelve el conflicto en una semana, las comunidades tomarán medidas drásticas. pic.twitter.com/1ot36b52lE

— Revista ESPEJO (@EspejoRevista) June 7, 2026

Además, señalaron que documentos de la propia empresa advierten sobre la posibilidad de fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas con un alcance de hasta 45 kilómetros, lo que pondría en riesgo a más de 40 mil personas en comunidades cercanas al puerto de Topolobampo.

La zona donde se desarrolla el proyecto alberga el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su importancia ecológica. El área es hábitat de aves migratorias, delfines nariz de botella, tortugas marinas, peces y diversas especies de importancia comercial.

De acuerdo con los representantes indígenas, la construcción registra un avance del 88 por ciento y ya ha provocado el relleno de 28 hectáreas de humedales, la pérdida de manglares y el desplazamiento de fauna silvestre.

Las comunidades también cuestionan la consulta indígena realizada en 2022 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque el ejercicio resultó favorable para la empresa, los opositores aseguran que incluyó a poblaciones no afectadas directamente por el proyecto y denuncian presuntas irregularidades, entre ellas la entrega de apoyos económicos y alimentos para influir en el resultado.

Los pueblos mayo-yoreme sostienen que estas acciones vulneran el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que reiteraron su rechazo al megaproyecto y advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta lograr la cancelación de las obras.