En la actualidad, la Clínica Alianza para la Salud de las y los Refugiados atiende a 17 mujeres embarazadas cada semana. Sin embargo, Ximena Rojas García, partera y coordinadora de Salud Sexual Reproductiva, informó que al menos tres de cada diez de estas mujeres enfrentan complicaciones.

Estas complicaciones, en algunos casos, se deben al trauma complejo que experimentan durante su proceso migratorio, así como a condiciones como hipertensión o diabetes. Ante esta situación, Rojas García explicó que se realizan esfuerzos de abogacía para garantizar que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud necesarios.

“Brindamos acompañamiento a embarazos de alto riesgo, realizamos abogacía y nos aseguramos de que tengan acceso a un centro de salud. Al menos tres de cada diez mujeres embarazadas que presentan complicaciones las sufren debido al trauma complejo,” comentó.

Ximena Rojas añadió que ha estado realizando este trabajo desde 2016, cuando una gran caravana de migrantes, principalmente del Congo, África, llegó a la región. Entre los migrantes, había varias mujeres embarazadas, algunas de las cuales quedaron en espera de una solución a sus solicitudes de asilo. Durante ese tiempo, la sala de su casa se convirtió en un centro de nacimiento, hasta que finalmente se constituyó la clínica.

A pesar de los esfuerzos realizados, Rojas Navarro subrayó que aún enfrentan obstáculos, como la nueva norma oficial que el gobierno federal pretende imponer para la práctica de la partería. Esta norma, que recibió 455 votos a favor en la Cámara de Diputados, reconoce únicamente la capacidad de las parteras tradicionales para acceder a los certificados de nacimiento.

Una partera tradicional es aquella persona formada en un modelo común dentro de una comunidad, mientras que una partera técnica es una profesional titulada en una institución reconocida. Sin embargo, no todas las parteras que han adquirido su experiencia a través de la práctica podrán tener acceso a esta certificación.

En este contexto, Ximena expresó su esperanza de que la norma oficial aún no sea aprobada debido a las inconsistencias que presenta. Además, abogó por que todas las parteras, independientemente de su formación, puedan acceder a los certificados oficiales de nacimiento, garantizando así que cada recién nacido tenga derecho a la identidad.