A ocho años de la creación del sistema anticorrupción en Baja California, su funcionamiento sigue siendo profundamente cuestionado por especialistas y ciudadanos críticos del modelo actual. A nivel nacional se cumplieron ya diez años desde su establecimiento, pero en el estado, los avances son prácticamente nulos.

El abogado y activista Ricardo Zurita denunció que el sistema ha fracasado por la falta de voluntad política, la elección de perfiles sin preparación adecuada y la ausencia de resultados tangibles. “No han cumplido con su función, no hay acercamiento con la ciudadanía, ni transparencia, ni acciones concretas”, afirmó.

Según Zurita, los consejeros ciudadanos, quienes deberían ser el vínculo directo entre la sociedad y las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción, han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones. Asegura que ninguno de ellos cumple con los requisitos legales que exigen experiencia mínima en temas anticorrupción y formación específica en el área administrativa, penal o constitucional.

Además, el secretario técnico del sistema ha permanecido en calidad de encargado provisional durante más de cuatro años, sin reunir los requisitos para ocupar el cargo de forma legal, lo que representa otra grave omisión dentro del diseño institucional.

Zurita también señaló que cada consejero ciudadano recibe un pago mensual de 30 mil pesos por honorarios, lo que representa un gasto acumulado de alrededor de 4 millones de pesos en un año y medio, sin evidencia de avances. A esto se suma un presupuesto anual de 14 millones de pesos, distribuido entre estos honorarios y los sueldos del personal administrativo que radica en Mexicali.

Criticó además que las plataformas digitales del sistema se limitan a replicar contenido nacional, sin generar materiales propios, recomendaciones efectivas o canales de denuncia accesibles para la ciudadanía. “No hay producto real ni acciones concretas que reflejen un combate real a la corrupción”, subrayó.

Finalmente, aclaró que, aunque la ley no obliga directamente a los consejeros ciudadanos a presentar denuncias, sí deberían tener la iniciativa de hacerlo. No existen mecanismos claros de atención al ciudadano, ni acompañamiento en la elaboración y presentación de denuncias. “Hay recursos, pero no hay voluntad ni resultados”, concluyó Zurita.