Un tribunal federal frenó este jueves la orden del presidente Donald Trump para desplegar 4 mil soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles, en respuesta a las crecientes protestas contra las redadas migratorias. La decisión representa un revés significativo para la administración republicana, en medio de tensiones crecientes entre la Casa Blanca y el gobierno de California.
La juez concluyó que Trump actuó de forma ilegal al federalizar la Guardia Nacional sin respetar los procedimientos establecidos por el Congreso. El fallo le exige restituir el control de las tropas al gobernador Gavin Newsom, quien había denunciado públicamente la medida como un “abuso de poder”.
“El presidente ha excedido su autoridad y violado la Décima Enmienda de la Constitución. El control de la Guardia Nacional debe regresar al Estado de inmediato”, se lee en la orden judicial difundida por la oficina de Newsom.
La medida judicial llega dos días después de que Newsom, junto con el fiscal general del estado, Rob Bonta, interpusieran una demanda contra Trump y el secretario de Defensa, Peter Hegseth, por lo que calificaron como una “federalización ilegal” de las fuerzas estatales.
“El tribunal acaba de confirmar lo que ya sabíamos: el Ejército pertenece al campo de batalla, no a las calles de nuestras ciudades”, declaró Newsom en su cuenta oficial de X.
Las tensiones escalaron desde el pasado viernes, cuando comenzaron manifestaciones masivas en Los Ángeles tras una serie de redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de trabajo. Desde entonces, miles de personas han salido a las calles, mientras se reportan detenciones y el uso de municiones no letales por parte de las fuerzas desplegadas.
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Además de los 4 mil elementos de la Guardia Nacional, el despliegue incluyó a unos 700 Marines. El Pentágono estima que la operación podría costar hasta 134 millones de dólares en un periodo de 60 días, incluyendo transporte, alimentación y alojamiento.
La Casa Blanca no ha emitido una respuesta oficial tras el fallo. Entretanto, la disputa legal entre el gobierno federal y California promete escalar, mientras las protestas continúan.
